viernes, 26 de abril de 2013

La oposición venezolana impugnará las elecciones presidenciales

Ayer, día 25, el líder de la Oposición venezolána Henrique Capriles, anunció en Globovisión que impugnaría las Elecciones celebradas el pasado 14 de abril.

EL PAÍS
INTERNACIONAL
 
Otro anuncio nocturno de Henrique Capriles Radonski. Concluido el plazo de 24 horas que se había trazado para aguardar alguna decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) con respecto al inicio de la auditoría de los votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril, el líder de la oposición venezolana, que no obtuvo respuesta, hizo saber que impugnará el proceso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El candidato opositor, derrotado en las elecciones según el resultado oficial por el hoy presidente Nicolás Maduro, dijo que tiene presente que el TSJ, como otros poderes del Estado venezolano, están capturados por el Ejecutivo. “Pero esto no se agota aquí, en estos poderes que responden al gobierno”, esbozó una hoja de ruta.“Hay muchos precedentes donde la justicia interna no responde pero al final hay justicia", añadió.

Capriles también dejó saber que la oposición no participará en una auditoría “chucuta” –trunca o corta, en el español de Venezuela- como la que ofrece el CNE, en la que no habría cabida para la revisión de los cuadernos de votación ni acceso a los reportes de desempeño de las máquinas de registro de huellas dactilares.

Así se podría estar gestando un escenario en el que el organismo electoral –controlado por el chavismo- haga una inspección rutinaria del sistema electoral, para complacer a la comunidad internacional que así lo espera, mientras que el comando de campaña opositor, peticionario original de la auditoría, se mantendría al margen.

"Hay un instrumento que personaliza el voto y ese es el cuaderno de votación, que es donde se marca la huella y se firma”, puso Capriles en perspectiva la determinación de abandonar cualquier proceso de revisión que no incluya ese registro. “Es la constancia más importante de que usted estuvo allí y ejerció su derecho al voto".

Desde que se conocieron los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, la misma noche del 14 de abril, Capriles y los miembros de su comando anunciaron que no reconocerían el triunfo del candidato oficialista Nicolás Maduro, por un margen de poco más de 200.000 votos, hasta tanto no se hiciera un recuento “voto a voto”, habida cuenta de numerosas irregularidades que se habrían documentado. La exigencia opositora y la renuencia del gobierno a aceptarla llegaron a encender disturbios callejeros la semana pasada por todo el país. En un intento por aplacar el conflicto y ofrecer un gesto de apertura frente a la presión de la comunidad internacional, las autoridades del CNE acordaron el 18 de abril practicar una auditoría. Pero desde entonces le han dado largas al pendiente, mientras sus voceras más conspicuas aconsejan a la opinión pública no “hacerse expectativas” con el proceso de auditoría.

Ahora, la contestación de Capriles y sus seguidores pasa a una fase de índole jurídica, que puede congelar los ánimos de protesta callejeros. En cierto modo, esta deriva refuta las predicciones de los máximos representantes del gobierno, como el propio presidente Maduro, quien apenas minutos antes dijo, ante una asamblea de empresarios en el estado de Zulia (occidente, frontera con Colombia), que la oposición se proponía convocar a una “huelga general indefinida”.

Como la noche anterior, el candidato opositor y gobernador del estado de Miranda reiteró su convicción de que el triunfo en las elecciones le fue escamoteado: “El CNE fue quien le dijo a Maduro que fuera presidente, pero el pueblo me eligió a mí”. Reveló así mismo que su objetivo es conseguir que se repitan las elecciones, o en su totalidad, o parcialmente, en mesas donde se constaten irregularidades.

Todo esto fue el epílogo de una jornada en la que se vio un repunte de las actividades de los cuerpos de seguridad para desbaratar las conspiraciones que, desde la perspectiva del gobierno, traman atentados contra la estabilidad del país.

En horas de la mañana, el ministro del Interior, general Miguel Rodríguez Torres, informó sobre la detención –ordenada por el propio Maduro- de un ciudadano estadounidense, Timothy Hallet Tracy, de 35 años. De acuerdo al funcionario, las investigaciones determinaron que Tracy pertenece a una "organización de inteligencia", porque tiene entrenamiento en esa materia, "sabe cómo infiltrarse, cómo reclutar fuentes, cómo manejar información con seguridad” y habría servido de enlace con los movimientos juveniles de oposición al gobierno.

La captura se habría producido cuando Tracy se disponía a abandonar el país.Testimonios de algunas personas que han conocido al estadounidense en Venezuela, así como de la propia familia de Teracy en Michigan, Estados Unidos, sostienen que se trata de un cineasta documentalista que produjo recientemente un programa para el Discovery Channel.

Más temprano, efectivos de la policía política (Sebin- Servicio Bolivariano de Inteligencia) hicieron una redada en un barrio de clase alta al sureste de Caracas, Cerro Verde, y detuvieron a algunos activistas de los movimientos juveniles.

También se supo que el reconocido periodista Nelson Bocaranda habría tenido que abandonar el país luego de conocer que se preparaba una medida en su contra. Mediante filtraciones de fuentes privilegiadas, Bocaranda fue quien informó de manera oficiosa sobre la enfermedad y agonía del presidente Hugo Chávez, cuando el gobierno venezolano hacía sus mayores esfuerzos por mantener el hermetismo en torno al comandante.

Ahora, el gobierno atribuye a Bocaranda el haber provocado la semana pasada los ataques contra dispensarios médicos gestionados por cooperantes cubanos, ataques de los que no hay evidencias, según reporteros que han acudido a constatarlos. El gobierno publicó avisos de prensa inculpando al periodista, mientras grupos de base afectos al chavismo llevan adelante batidas para recoger firmas en solicitud de pena de prisión para Bocaranda.

El auge de las actividades de represión política coincide con el nombramiento, este jueves, del mayor Húgo Carvajal como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Carvajal es un ex oficial del ejército de perfil misterioso y controvertido. Alguna vez la revista Semana de Bogotá lo llamó “el Montesinos de Chávez”, en comparación con el lúgubre asesor del presidente Alberto Fujimori en el Perú de los años 90.